La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió provisionalmente por tres meses, al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, por presuntas irregularidades al celebrar un contrato de bilingüismo por $11.998 millones.
 
El órgano de control también abrió investigación a la gerente general de la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación, Ingeniería y Telecomunicaciones (Nui Telco S.A.S.), Mayret Zorayda Niño Moreno, para establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias ante una posible vulneración del ordenamiento jurídico y supuestas irregularidades en la formación, adjudicación y celebración del contrato interadministrativo No. 00740 del 22 de marzo de 2019.
 
El pasado 15 de agosto, la Procuraduría solicitó, como medida preventiva, suspender el contrato al advertir una supuesta selección subjetiva del contratista, teniendo en cuenta que, en los documentos precontractuales no se evidenciaron las razones de conveniencia y oportunidad para que la sociedad Nui Telco S.A.S. fuera seleccionada; el presupuesto aprobado no habría tenido sustento en un estudio de mercado y análisis de costos de las características específicas del objeto y las prestaciones a contratar, y en la oferta presentada, tampoco estarían discriminados los costos por actividad.
 
El ente de control busca determinar la idoneidad y capacidad ofertada por Nui Telco S.A.S., que habría sido aceptada por el gobernador, para establecer si se respetaron los principios de responsabilidad, transparencia, economía, el deber de selección objetiva y el régimen de los recursos de regalías. 
 
Ante la decisión de suspender al mandatario territorial de manera temporal, la Procuraduría encontró elementos de juicio que indican que la permanencia en el cargo permitiría que se reitere la presunta falta. 
 
El ente de control además del contrato de bilingüismo analizó otros, entre ellos uno por valor de $14.514 millones, en el que el departamento aportaría $13.977 millones para la ejecución del proyecto con recursos del Sistema General de Regalías, que tendría presuntas falencias en la fase precontractual, similares a las de contrato de bilingüismo.
 
El órgano de control decretó la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de conductas presuntamente irregulares, determinar si son constitutivas de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo modo y lugar en las que se cometieron, y el perjuicio que pudo causar a la administración pública.
 
Los investigados serían escuchados en versión libre el próximo 30 de agosto, si así lo desean.

*Con información de la Procuraduría General de la Nación